Uno de los primeros mecanismos que instauró la Corona para la obtención de recursos fue el pago forzoso del tributo real por parte de los indígenas, hecho que prevaleció desde la conquista hasta el triunfo de los movimientos emancipadores.
Durante el siglo XVI fue a través de la encomienda que se iniciaba el cobro de este gravamen a los indígenas. Dicho sistema consistía en la asignación de extensas porciones de tierra y de indios a conquistadores y expedicionarios en recompensa de los servicios prestados a la Corona, todo ello con el fin de promover su asentamiento. Los nativos debían trabajar las tierras o prestar sus servicios a la Iglesia y al encomendero. A éste último, por su parte, le correspondía evangelizar a los indígenas, protegerlos y enseñarles español, así como cobrarles el tributo y remitirlo a las autoridades fiscales, representantes de la Corona.
Para las primeras décadas del siglo XVI, generalmente los tributos eran productos cultivados, manufacturados, muy pocos en metal o moneda, y fuerza de trabajo. Disponer de la mano de obra de una persona para obras públicas, trabajos agrícolas y mineros era fundamental para el desarrollo de la explotación colonial. La falta de supervisión por parte de las autoridades para el cumplimiento de las responsabilidades del encomendero originó el abuso de estos últimos, tanto en la sobreexplotación del indígena como en la manipulación de los impuestos.
En el caso del Perú, fue común el uso de grupos indígenas, como el de los curacas, para la recolección y entrega del tributo a los encomenderos a cambio de una porción de la contribución obligatoria, algunos productos españoles y determinados privilegios. Así, los encomenderos se apropiaron, en muchos casos, de los mecanismos para la extracción de excedentes que se empleaba en el mundo prehispánico.