El gobierno mexicano se abocó a la tarea de realizar múltiples modificaciones en el país, en los posibles ámbitos de su competencia, con el fin de crear las condiciones necesarias para poner en práctica el Tratado. Cuando México firmó el GATT, abrió el ejido y lo colocó como mercancía, eliminó subsidios y vendió paraestatales. El interés único del nuevo propietario era obtener ganancias y no contemplar al campo como parte de un proyecto de desarrollo de la nación; estas disposiciones entraron como punto de negociación del TLCAN.

Por ejemplo, reformó el régimen legal del emblemático artículo 27 de la Constitución, cuyo texto había creado y defendido el ejido como una propiedad colectiva indivisible e invendible, para que fuera considerado propiedad privada con todas las atribuciones y como una mercancía sujeta a la compra-venta, despojándolo de su esencia colectivista y de ser la célula de la producción agrícola nacional. El ejido, tenía también otra atribución: arraigar al campesino a su tierra. Al realizar la reforma no se sopesó suficientemente que ese desarraigo significaba migración hacia todas partes, especialmente hacia el Norte de la República. El esquema básico de las reformas consistió en eliminar el control estatal de toda empresa o rubro económico donde estuviera involucrado y que permitiera mejores condiciones de producción u operación.

Se modificaron los subsidios a la producción agrícola de manera que fueran administrativamente verificables. Por esa razón se creó PROCAMPO y se privatizó, en 1991, la Productora Nacional de Semillas (PRONASE). El primero para otorgar apoyo regulado a determinados productos agrícolas cultivados bajo ciertas condiciones. Y la segunda para impedir el subsidio que esa empresa estatal hacía al campesinado a través de la venta de buena semilla a bajo costo. Este fue uno de los caminos que se emplearon para dejar de subsidiar al campo y que se dedicara a la agricultura quien estuviera en condiciones de inyectarle capital. En contraste a esta tendencia política, Estados Unidos y Canadá siguen subsidiando a sus agricultores, lo que resulta en una competencia desigual para el campesino mexicano.

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En el ámbito político-electoral se modificaron tanto la institución que realizaba los comicios, como el código de procedimientos electorales que era su órgano regulatorio. Eso se hizo con el objetivo de dar una imagen de igualdad democratizadora. Ese era otro problema de la política nacional, en tanto que Salinas se había hecho presidente en medio de un turbio proceso electoral. Los posibles inversionistas debían tener la certeza del respeto al voto ciudadano pues eso evitaba los conflictos poselectorales perniciosos en general para algunos rubros de la economía. Con este propósito se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.

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Por otra parte, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como símil de organismos internacionales, una vez más, para darle al país la imagen de Estado moderno respetuoso de los derechos de sus ciudadanos.   A su vez se modificó la estructura gubernamental, al crearse una Secretaría de Estado encargada del cuidado de la ecología y de los recursos naturales (SEMARNAT), no porque éstos se respetaran, sino porque formaba parte de los compromisos que el gobierno había acordado en las negociaciones del Tratado. Uno de los elementos que se enarbolan en todos los acuerdos de libre comercio era el respeto a los ecosistemas, a pesar de que Estados Unidos aún hoy, no haya querido firmar el Protocolo de Kioto.

En otro ámbito, se llevó a cabo una reforma constitucional que afectó a uno de los pilares de la política interior de nuestro país. Estados Unidos y Canadá mantenían relaciones con el Vaticano y las distintas iglesias tenían representación jurídica legal. Nuestro país tuvo que equipararse en este aspecto. México estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, dio al Papa tratamiento de Jefe de Estado y reconoció a las Iglesias como personas jurídicas con plenos derechos de propietario y de ejercicio profesional (Modificaciones del artículo No. 130, realizadas en 1992). Esto último significó permitir que las parroquias y toda clase de establecimientos religiosos tuvieran derecho a explotarlas comercialmente de donde nuevamente, como en el siglo XIX, esos recintos vendieron los nichos para enterramientos; también pudieron dedicarse oficialmente a la educación como siempre lo habían hecho, aunque durante siglo y medio lo ejercieron fuera de la ley.

El TLCAN como tratado internacional está regido por el GATT y las partes deben reconocer y respetar los lineamientos de los organismos financieros y comerciales internacionales, tal como lo ordena este Acuerdo. La razón es que cuando se presente alguna controversia, pueda actuar como árbitro y por ello México se adhirió a la Organización Mundial de Comercio (OMC) quien administra al GATT partir de 1995.

Fueron múltiples cambios que en un corto lapso de seis años se llevaron a cabo para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se aplicara. Las tres naciones quedaban entonces, jurídica y diplomáticamente similares, sin embargo las economías no lo eran, así como el nivel de vida de la mayoría de la población.